“DECLARACIÓN DE TRES RÍOS, COSTA RICA”

 Declaración de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe

sobre Envejecimiento

En el marco del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid y la Declaración de Brasilia sobre el Envejecimiento como representantes de organizaciones sociales y de personas mayores, redes, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, reunidos en la localidad de Tres Ríos, Cantón de LA UNIÓN, en Costa Rica, y después del análisis y discusión sobre la situación actual de la población adulta mayor de la región y el gran desafío que plantea el envejecimiento poblacional hacemos la siguiente declaración:

Consideramos importante resaltar, de la realidad latinoamericana, los siguientes aspectos:

1. Los derechos de las personas adultas mayores siguen siendo vulnerados. A la gestión en relación con la vejez y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los mismos. En este contexto, las personas mayores continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta de acceso a la justicia.

2. El enfoque de políticas públicas y programas dirigidos a las personas adultas mayores, no ha ido acompañado del desarrollo de una visión de la vejez que dé cuenta de la diversidad de formas de envejecer. Carecen de perspectivas intergeneracional y de género e invisibilizan a las personas del área rural, indígenas y afrodescendientes.

3. Las políticas de vejez carecen de prioridad y de presupuestos estables y sostenidos lo cual las torna ineficaces en su implementación, al tiempo que no se puede hacer seguimiento y control de las mismas.

4. Un alto porcentaje de la población carece de acceso al trabajo formal, digno y en consecuencia, queda excluida de la seguridad social y de la posibilidad de contar con una vejez digna. En aquellos países donde se han implementado los sistemas de pensiones de capitalización individual, se generan situaciones de desigualdad e inequidad, y además de incertidumbre frente a los riesgos financieros.

5. La persistencia de la reproducción estructural de la pobreza reafirma la desigualdad e inequidad para todas las edades, así como, la obligación de continuar trabajando en edades avanzadas, la mayoría de las veces, en espacios informales y en condiciones precarias.

6. Los grupos de población adulta mayor, desplazada, refugiada, migrante y de zonas fronterizas, continúan en especial condición de vulnerabilidad. Los cambios en las estructuras de los servicios de salud y las formas de afiliación suelen limitar el acceso a la atención oportuna, desatendiendo hasta sus necesidades más prioritarias. Tampoco pueden disfrutar de las otras áreas de la seguridad social.

7. Los servicios de salud pública no toman en consideración las necesidades de las personas adultas mayores, lo cual se agrava debido al incremento porcentual y absoluto de este grupo y afecta de manera directa la funcionalidad y la independencia de las personas mayores y en consecuencia, incide en su autonomía y economía familiar.

8. En la mayoría de nuestros países, el cuidado y atención a personas adultas mayores no ha sido suficientemente asumido en el marco de políticas públicas y recae principalmente en mujeres, muchas de ellas, adultas mayores, sin que se le reconozca su aporte para el acceso a los beneficios de la seguridad social y demás programas del Estado.

9. La visibilidad e identidad en la participación social, política, económica y cultural de las personas mayores todavía es muy incipiente, y en muchos casos se reduce a la calidad de “beneficiario” en el marco de programas de subsidios sociales del Estado.

10. Las personas mayores siguen afectadas por la estigmatización hacia la vejez y el envejecimiento en programas, servicios sociales y jurídicos sin respetar su autonomía, calificándolas de incapaces. Reforzando una imagen negativa de la vejez, promovida especialmente por intereses del mercado.

11. La “institucionalización” en establecimientos de larga estadía sin consentimiento informado de las personas adultas mayores y sin estándares de calidad de los servicios constituye una violación de los derechos humanos.

12. La lógica de la economía mundial (políticas neoliberales) en un mundo de concentración de la riqueza y globalización de los mercados conlleva a una distribución inequitativa y a ver a las personas mayores como una carga para los Estados.

Teniendo en cuenta lo anterior, como un marco general en el cual se resaltan los aspectos más determinantes, demandamos a los gobiernos y Estados que:

- Garanticen el cumplimiento de la observación Nº 6 de la aplicación al pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, la recomendación N° 27 de CEDAW, Declaración para el Derecho al Desarrollo, Convención contra el racismo y neocolonialismo, Convención Internacional Contra la Tortura, Tratos inhumanos y degradantes, y otros instrumentos internacionales.

- Decidan en la presente reunión de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe que las denominadas “Conferencias regionales intergubernamentales sobre envejecimiento” pasen a llamarse “Conferencias regionales intergubernamentales sobre envejecimiento y sobre los derechos de las personas mayores”, siendo consecuentes con lo afirmado en su Declaración de Brasilia de 2007.

- Apoyen, informen y divulguen a toda la comunidad, en particular a las personas adultas mayores, sobre el desarrollo de las propuestas de las Convenciones Interamericana e Internacional en defensa de los Derechos de las personas adultas mayores, a nivel de OEA y Naciones Unidas.

- Creen los mecanismos de participación en los comités de seguimiento de estas Convenciones, integrados por representantes de organismos de la sociedad civil y en especial, de organizaciones de personas mayores.

- Reconozcan a las personas adultas mayores como sujetos de derechos, actores del desarrollo con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos y a los demás, y fomenten su empoderamiento e integración a los distintos ámbitos de la sociedad y del quehacer humano, para que se transformen en agentes de cambio y protagonistas de su proceso de envejecimiento.

- Implementen políticas, programas y proyectos que permitan la promoción y difusión de los saberes ancestrales y conocimientos de las personas mayores para promover y contribuir a la educación intercultural y la transmisión de éstos a las nuevas generaciones, contribuyendo a eliminar la actual visión negativa de la vejez generando un nuevo paradigma.

- Reconozcan la interculturalidad como herramienta que promueve la relación de pueblos y naciones, que busca un intercambio, reciprocidad voluntaria y creativa dentro de una relación mutua, basada en el interés de conocer al otro y de establecer alianzas solidarias.

- Garanticen y promuevan el reconocimiento y el ejercicio de los sistemas propios de justicia para las personas mayores de pueblos indígenas y afrodescendientes, respetando sus visiones y cosmovisiones sobre identidad y valores culturales.

- Ajusten las políticas y programas a los desafíos de la vejez y el envejecimiento, para que éstas trasciendan a los gobiernos, y a visiones inmediatistas e improvisadas, eliminando trabas burocráticas, y asegurando una implementación oportuna de las mismas. En esa medida es imperativo crear las instituciones y mecanismos que sean necesarios para que las hagan efectivas.

- Reorienten la atención de las necesidades de las personas adultas mayores hacia políticas de carácter universal y permanente, no limitando la acción del Estado a las medidas de superación de pobreza.

- Garanticen la seguridad social desarrollando el sistema contributivo (tripartito) y no contributivo, valorizando como titular de sus derechos a las Personas Adultas Mayores y promoviendo la solidaridad intergeneracional.

- Adecuen el acceso y la calidad de los servicios de salud a las crecientes demandas relacionadas con el envejecimiento poblacional y fortalezcan la atención primaria de la salud y la práctica de la medicina tradicional.

- Creen programas de atención domiciliaria en salud, adecuados a las necesidades específicas en cada uno de los países.

- Promuevan leyes para garantizar la protección del patrimonio de las personas mayores.

- Aseguren que el derecho a la protección y el cuidado sea materia de política pública y no simple obligación de las familias y de las mujeres como si fuese “natural”. Que se implementen servicios de apoyo a la familia para asegurar el bienestar y el respeto de los derechos humanos.

- Creen y/o fortalezcan instancias de defensorías de las personas adultas mayores.

- Garanticen que las personas adultas mayores participen en los procesos de la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos, especialmente de los gobiernos locales.

- Implementen mecanismos de participación autónoma de las personas adultas mayores en la formulación y control de políticas públicas, relativas al pleno disfrute de sus derechos, facilitando el acceso a la justicia.

- Estimulen las relaciones intergeneracionales, para superar las barreras que fragmentan los grupos etáreos en nuestras sociedades.

- Provean a la población adulta mayor de vivienda y que ésta cumpla con los necesarios requisitos de accesibilidad.

- Destinen recursos y apoyos para estimular que las personas mayores se inserten en los espacios de enseñanza, creación cultural, deportivos, recreativos y de la vida pública que contribuyan a la eliminación de estereotipos.

- Erradiquen el analfabetismo entre las personas adultas mayores tanto de lectoescritura y de nuevas tecnologías de la información.

- Incorporen el envejecimiento como materia de enseñanza en los planes de estudio en todos los niveles del sistema educativo, para construir una sociedad en la que se elimine la discriminación por motivos de edad y se aliente la solidaridad y el apoyo mutuo de las generaciones.

- Faciliten la actualización de conocimientos sobre vejez y envejecimiento a los funcionarios públicos y en especial a los trabajadores de los servicios de salud, teniendo en cuenta los principios fundamentales de los derechos humanos.

- Creen y apoyen la formación curricular de grado, postgrado e investigación en temas de vejez y envejecimiento, con visión de derechos humanos y género.

- Definan y hagan efectivas las medidas necesarias para reparar de manera integral a las personas mayores que han sido víctimas de situaciones de maltrato, violencia, o acciones negligentes en los servicios de salud.

- Garanticen los derechos humanos y calidad de vida de las personas que residen en establecimientos de larga estadía, con políticas que favorezcan y diversifiquen las modalidades de residencia y de los servicios de atención, protocolos de funcionamiento, control y vigilancia social.

- Atiendan las necesidades especiales de las personas refugiadas, desplazadas, migrantes y en especial las de edad avanzada, definiendo los recursos y mecanismos necesarios para su protección y la de sus familias.

- Presten mayor atención a las personas adultas mayores en situaciones de emergencia provocadas por catástrofes naturales y de conflictos armados.

- Reconozcan a las organizaciones de personas adultas mayores y a las no gubernamentales como interlocutores válidos e imprescindibles en las decisiones de políticas nacionales e internacionales que conduzcan a emprender nuevas tareas comunes en la decisión de construir una sociedad para todas las edades.

- Creen mecanismos que faciliten la integración y participación de las personas adultas mayores en el proceso de evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

- Ejerzan el control y vigilancia de la inclusión de los desafíos del envejecimiento poblacional y los derechos humanos, especialmente de las personas mayores en los países de América Latina y el Caribe, en las agendas de las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas y otras de cooperación internacional.

- Respondan a todas las demandas pendientes, que se han presentando en las declaraciones de las reuniones de sociedad civil de los años 2007 y 2009.

Nuestros compromisos como sociedad civil de la región son:

- Exigir y vigilar el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del rol de las Personas Adultas Mayores como actores sociales.

- Participar de manera permanente y activa en cada uno de los espacios que se establezcan para trabajar en favor de recuperar los derechos de las personas de edad.

- Como ciudadanos y ciudadanas nos proponemos desarrollar acciones y asumir nuevos compromisos para promover y educar en el respeto, el ejercicio pleno y la defensa integral de derechos de las Personas Adultas Mayores.

- Promover la inclusión del derecho a la cultura en las políticas públicas y en consecuencia facilitar el acceso de todos los ciudadanos al usufructo de los bienes culturales y patrimoniales.

- Promover y fortalecer la organización de las personas mayores y el movimiento de la sociedad civil en torno a la necesidad de envejecer con derechos, fomentando de manera especial su participación activa como sujetos de derechos y protagonistas en el desarrollo de la región.

- Desarrollar, promocionar, visibilizar la perspectiva de género en temas de envejecimiento.

- Promover la movilización de las personas adultas mayores en acción conjunta con las generaciones más jóvenes, para el derecho al desarrollo, la igualdad de derechos y la erradicación de la pobreza.

- Buscar y reforzar alianzas con los sectores sociales que también abogan por los derechos humanos, para promover la solidaridad con las personas adultas mayores, así como el compromiso de ellas con otras reivindicaciones sociales.

- Promover que la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de las personas mayores este fundada sobre condiciones justas de reconocimiento al valor del trabajo que éstas aportan en contrapartida al financiamiento.

- Impulsar la difusión de los resultados de la reunión regional de sociedad civil y de la presente declaración al interior de nuestros países, especialmente entre las personas adultas mayores, organizaciones, instituciones públicas y organismos de gobiernos locales, responsables de implementar las políticas.

- Ante la urgencia de poner la cuestión del envejecimiento en las pautas mundiales y regionales, nos comprometemos en viabilizar y estar presentes en esos espacios; en especial en la Cumbre de los Pueblos de Río+20 por la Justicia Social y Ambiental.

- Desarrollar acciones tendientes a asegurar la participación de las personas adultas mayores en los espacios de evaluación del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

- Implementar las acciones propuestas en la Reunión regional de la sociedad civil realizada en Tres Ríos, Costa Rica.

- Entregar y presentar esta Declaración de la Reunión Regional de la sociedad civil en la III Conferencia Intergubernamental de los países de América Latina y El Caribe Sobre Envejecimiento.

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Los adultos mayores, que se sienten discriminados porque Arequipa no está incluida en el programa social Pensión 65, realizaron una movilización por la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa y un plantón de protesta frente a la Gobernatura. 

En la región de Arequipa son 120 mil adultos mayores que no reciben una pensión de jubilación y viven en pobreza y extrema pobreza.

"Pensión 65" concede 125 soles mensuales a adultos mayores en extrema pobreza.

“Nos sentimos discriminados porque Arequipa no recibe este beneficio” enfatizó el presidente de la Asociación de Adultos Mayores sin Jubilación William Zeballos. El dirigente manifestó que en el mensaje presidencial del 28 de julio Ollanta Humala debe anunciar las nuevas regiones que se beneficiarán con el programa social.

El pasado mes de enero el congresista Tomás Zamudio pidió al presidente de la República, Ollanta Humala incluir a Arequipa dentro de los sectores beneficiados del programa bandera de Gobierno Pensión 65.

El programa Pensión 65 proyecta atender durante el 2012 a 150 mil adultos mayores en situación de extrema pobreza, triplicando la cifra de beneficiarios que actualmente reciben una subvención de 125 soles mensuales.

Fuente: RPP

El encuentro fue presidido por el , junto a autoridades provinciales y representantes de los centros de jubilados entrerrianos. Además estuvieron presentes César Núñez y Carlos Alonso, directores de las Unidades de Gestión Local de PAMI de Concordia y Paraná, respectivamente.

El evento contó con la presencia de representantes de los centros de jubilados de Entre Ríos.

El Consejo tiene como función principal asesorar, proponer y apoyar a los organismos públicos en iniciativas y programas de interés para los adultos mayores. En la jornada también hubo exposiciones referidas a los temas discutidos en el mes de marzo en el Plenario Federal de Adultos Mayores.

“Este es un ámbito de participación y debate que valoramos mucho, porque nos permite trabajar mano a mano con todos los actores institucionales y sociales que tienen que ver con el adulto mayor, y comparten el mismo interés que nosotros en cuanto a mejorar su calidad de vida y ofrecerles nuevas oportunidad de recreación, desarrollo y plenitud”, señaló Núñez.

También asistieron a la reunión la secretaria provincial de Desarrollo Humano y Familia, Marta Poelman; la directora de Integración Comunitaria de la Provincia de Entre Ríos, María Luisa Rausch; y el presidente del Centro de Jubilados Corrales, Danilo Corona, entre otras autoridades y funcionarios.

Fuente: Diario Victoria

En el marco del mes dedicado a la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez, el subsecretario de Desarrollo Social, Cristian Mansilla y el director del organismo, Ramiro Banco realizaron la apertura del curso que consta de ocho módulos y tendrá una duración de dos meses. En el curso participará personal de centros de día y residencias para adultos mayores y equipos de salud de Upas y hospitales de interior.

Mansilla indicó que con estas acciones se busca una “mayor profesionalización de los equipos técnicos para lograr calidad, compromiso, eficacia y eficiencia en la tarea”. Además, el funcionario hizo hincapié en la importancia de esta instancia de formación para “mejorar las redes de comunicación entre los mismos trabajadores y entre éstos y los adultos mayores que son titulares de derecho a una vida digna.” Por su parte, el director Ramiro Banco agregó que “los cursos serán dictados por profesionales especializados en la temática que brindarán las herramientas necesarias para ofrecer un mejor servicio a los adultos mayores que asisten o residen en los centros, quienes en su mayoría son personas vulnerables y carentes de redes sociales de apoyo”.

Los funcionarios anunciaron que durante todo el mes se realizarán actividades de concientización en centros de jubilados y jardines de infantes sobre los derechos del adulto mayor a participar y gozar de una vida plena Por otra parte, dijeron que el mes culminará con un evento a realizarse el 15 de junio declarado como “Día mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez” en el Hogar de Ancianos de La Banda.

Fuente: Diario Panorama

El senador Cesar Melchiori es el promotor del proyecto de ley.

De acuerdo al texto, presentado en mayo de 2011, el organismo a formarse tendrá como objetivo “crear ámbitos de reflexión y concertación de intereses a nivel local y asesorar a los organismos gubernamentales en lo que se refiere al diseño de políticas y acciones prioritarias para la tercera edad; institucionalizar la colaboración y participación de adultos mayores y de organizaciones representativas de los mismos en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con este grupo etáreo, en estrecha colaboración con entes del Estado Nacional, provincial y municipal”.

Según manifestó Melchiori “este sería el ámbito en el cual se concentraría el trabajo conjunto de todos los sectores comprometidos con la temática de la vejez, con participación mayoritaria de los representantes del sector pertenecientes a todos los departamentos de la provincia”.

El proyecto establece que el Consejo de Adultos Mayores provincial estaría integrado por un pleno y un comité ejecutivo y aclara que “el primero será el órgano encargado de fijar las políticas y acciones generales que el organismo deba ejecutar”.

Por otra parte, “el Consejo también tendrá la labor de asesorar, proponer y apoyar a entes nacionales, provinciales o municipales en temáticas referidas a la ancianidad, además de promover la creación e institucionalización de áreas de la tercera edad a nivel provincial y municipal y la actualización de los diagnósticos locales que permitan una adecuada identificación de las necesidades de los adultos mayores, para actuar en consecuencia”.

Melchiori también insiste en propiciar y promover la organización de las personas de la tercera edad sin cobertura Social, a contribuir en la creación y organización de los Consejos Municipales de Adultos Mayores y a participar en el diseño de las políticas sociales específicas.

El senador insta a difundir información sobre los programas destinados a los adultos mayores y a “colaborar en campañas de sensibilización sobre el envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez adaptándolas a la realidad local, y en toda otra campaña promovida por el Consejo Federal de Adultos Mayores”.

Fuente: AIM Digital

Enrique Vaquerizo, responsable de comunicación de la organización «Amigos de los Mayores», dijo que se debe velar por proteger la dignidad e integridad de las personas de la tercera edad. «Se deben buscar alternativas, que conlleven mayor atención y cariño», puntualizó.

"Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer" es un proyecto de CEOMA galardonado en 2010 con el Premi Príncipe de Viana.

Entre las alternativas recomendables destaca la sensibilización de las personas que atiende a los adultos mayores, el análisis de la situación de cada interno, atención de los familiares y el control de las posturas del dependiente en las sillas o butacas. «Muchas veces es cuestión de que el personal asuma otras alternativas y se sienta respaldado por la familia», recomienda Ceoma.

Uno de cada cuatro

Según el último estudio elaborado por esa organización, «el 25 % de los mayores dependientes que viven en residencias, son sometidos a sujeción física». El porcentaje en las casas varía mucho. «Siempre se esgrimen razones de seguridad para los enfermos, muchas veces por cuestión de conveniencia de los cuidadores», apunta Ceoma.

En Cataluña, por ejemplo, uno de cada cinco ancianos que vive en una residencia es sometido a una sujeción física, cifra que empieza a descender gracias a las recomendaciones de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat.

Según el informe «Uso racional de las contenciones físicas» la cifra se eleva a un 35,5 %en pacientes que padecen alguna demencia.

Pero ¿es recomendable la utilización de esta metodología en adultos mayores? Está demostrado que aquel adulto mayor cuya movilidad se ve restringida se enfrenta una pérdida de autonomía, dignidad y autoestima.

Los efectos de la sujeción

De hecho, el uso rutinario de las sujeciones puede implicar efectos tanto físicos como psicológicos. Entre los primeros se pueden destacar: úlceras por presión, infecciones, incontinencia urinaria y fecal, estreñimiento, pérdida del tono muscular, atrofia y debilidad. Entre los efectos psicológicos destacan: el miedo, la vergüenza, la agresividad, la depresión, el aislamiento social, entre otros. «La formación y asesoramiento a organizaciones y residencias pueden cambiar esta realidad».

El Presidente de FIAPAM durante el acto de entrega del reconocimiento a dos centros de día de enfermos de Alzheimer de Santander.

El vicepresidente de la Ceoma y Presidente de FIAPAM, Modesto Chato de los Bueys, recalcó la importancia de que se tome conciencia de la «relevancia de regular el uso de sujeciones físicas y farmacológicas -mediante medicamentos- en personas mayores institucionalizadas».

La Ceoma entrega acreditaciones a aquellas residencias que llegan a ser «centros libres de sujeciones». Residencias como la de Sanitas Residencial Santander, cuentan ya con esa credencial. Dicha institución pudo eliminar el uso de sujeciones. La eliminación de estas se logró mediante un proceso gradual y de atención personalizada en cada caso. La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, María José Saenz de Buruaga, defendió esa línea de actuación y se comprometió a impulsarla desde la institución que dirige.

Fuente: ABC.es

Más de 150 representantes de los países miembros de la CEPAL tomaron parte en el evento, que contó con la presencia de numeroso público, entre ellos varios representantes de FIAPAM.

En la Carta de San José, los gobiernos reafirmaron su compromiso expresado en la Declaración de Brasilia de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos.

También respaldaron la labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento y el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos. En el documento también se hice una llamada para estudiar la viabilidad de una Convención Internacional y otra interamericana de los derechos de las personas mayores, así como la posibilidad de designar un Relator especial encargado de esta materia.

Ruth Rivera, Secretaria General de FIAPAM, representó a la institución en la III Conferencia Regional.

Asimismo, se buscará reforzar la protección de los derechos de los adultos mayores en el ámbito nacional mediante un trato diferenciado y preferencial en todos los renglones, la adopción de leyes especiales de protección, la atención prioritaria a las personas mayores en la tramitación de procesos administrativos y judiciales, así como en los beneficios y prestaciones que brinde el Estado. Además, se buscará desarrollar políticas públicas y programas dirigidos a aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas mayores y su participación en organizaciones de la sociedad civil y en los consejos.

También se acordó mejorar los sistemas de protección social para que respondan efectivamente a las necesidades de las personas mayores. Para lograr ese objetivo, se contempla la universalización del derecho a la seguridad social y a la salud, así como la creación de los servicios sociales necesarios para brindarles cuidado, promoviendo a la vez su independencia, autonomía y dignidad.

De manera especial, la Carta destaca las obligaciones que tienen los Estados para erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores.

Asimismo, se puso énfasis especial en la discriminación basada en el género y entregar asistencia prioritaria y preferencial a las personas mayores en situaciones de emergencia o desastres naturales.

Los representantes de los países decidieron renombrar la conferencia, para que pase a llamarse Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento y los Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe.

Finalmente, se acordó que la Carta de San José se constituya en la contribución de la región al 51 período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que se celebrará en febrero de 2013.

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La Reunión, que se celebró con motivo del 10º aniversario de la aprobación del Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento,  se desarrolló del 6 al 8 de mayo,  convocada por la Coordinación de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento (CORV) para evaluar los avances y desafíos en la última década en las acciones de promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, contemplados en el Plan de Acción Internacional de Madrid, aprobado en la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de Naciones Unidas (Madrid, 2002).

Olmedo Castro Rojas, representante de la Sociedad Civil de Costa Rica, destacó que este encuentro regional permitiría conformar una asociación nacional de adultos mayores para luchar por el respeto y observancia de sus derechos en el país

Durante el acto de inauguración, efectuado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica,  los organizadores señalaron que con esta cita regional se pretendía identificar y fortalecer estrategias comunes que propicien procesos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de derechos y envejecimiento digno. Asimismo, proponer buenas prácticas que difundan los derechos de las personas adultas mayores, como aportes a la formulación de la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, y la designación de un Relator especial de las Naciones Unidas. En el evento tomaron parte líderes y representantes de asociaciones y organizaciones que trabajan con y para las personas adultas mayores, provenientes de todos los países de América Latina y el Caribe.

Lucio Díaz Dumenez, coordinador regional de CORV reconoció el impulso regional por una mayor presencia y reconocimiento de las personas adultas mayores para la elaboración, conocimiento y evaluación del impacto de los programas y planes públicos que les afectan, en la última década. Subrayó que “en la región se deben seguir desarrollando capacidades para construir sociedades para todas las edades, donde la heterogeneidad sustente la edificación de sociedades más inclusivas”.

La División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también se hizo presente en la inauguración de este encuentro regional. Su director, Dirk Jasper, destacó que en América Latina y el Caribe suman ya 60 millones de personas adultas mayores y que para el año 2036 habrá más adultos mayores que niños. Esta situación demanda una respuesta efectiva de las sociedades en cuanto al mejor ejercicio de los derechos de dicha población.

Costa Rica arando el camino

El representante de CEPAL subrayó que se debe aprender de Costa Rica, que es el país miembro que más ha trabajado en la región por pasar del compromiso a los hechos, con acciones concretas de organizaciones como por ejemplo el Consejo Nacional  de la Persona Adulta Mayor (Conapan) y una serie de medidas puestas en práctica por sus gobiernos. En relación a esta labor reconocida por la CEPAL, el Dr. Fernando Marín Rojas, ministro de Bienestar Social de Costa Rica, destacó que en las acciones del Estado en beneficio de la persona adulta mayor deben contemplarse dos principios: la seguridad social y económica, así como la seguridad física, psicológica y emocional de la persona. Observando dichos principios “nuestro país ha logrado la universalización del sistema de pensiones no contributivas, y la extensión de la redes de cuidado y atención integral, donde casi la mitad de los catones del país en la actualidad cuentan con dichas redes”.

“Los derechos no se extinguen con la edad”

Con esa frase resumió la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, los conceptos que desarrollaría en la primera conferencia de esta reunión regional de la sociedad civil, con el tema “El envejecimiento digno: un nuevo enfoque de derechos humanos”. A lo largo de su exposición la Defensora enfatizó que la categorización social que se haga de la persona adulta mayor es trascendental, pues una visión estereotipada coarta las condiciones objetivas y humanas que requiere este grupo etario.

Sostuvo además que el principal reto que enfrentamos es “generar sociedades que garanticen la plena inclusión de las personas adultas mayores como miembros activos de dicha sociedad”.  Destacó que las consecuencias del envejecimiento de las sociedades imponen a los Estados prepararse y adelantarse a sus consecuencias y desafíos.

Temas y resultados de  peso

La Secretaria General de FIAPAM, Ruth Rivera, presentó la ponencia "Cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil".

Teniendo claro que es determinante establecer alianzas y puentes efectivos de trabajo entre los diferentes actores nacionales y regionales en favor de un envejecimiento con dignidad, los y las participantes en este encuentro se dieron a la tarea de analizar temas diversos, entre ellos: género y envejecimiento, derecho a la seguridad social: salud y pensiones, organización, participación e incidencia política, derechos humanos de las personas mayores y Convención Internacional,  educación y envejecimiento.

FIAPAM estuvo representada en la Reunión de la Sociedad Civil por su Secretaria General, Ruth Rivera Víquez, que presentó la ponencia “Cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil”.

Los resultados obtenidos en la reunión de la sociedad civil a través de las diferentes mesas de trabajo serán presentados en la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, organizada por el gobierno de Costa Rica y la CEPAL, del 8 al 11 de mayo, y que reune a los gobiernos de los países de la región.

Fuente: Universidad de Costa Rica

Durante la III Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, que se está celebrando en San José del 8 al 11 de mayo, la CEPAL presentó en conferencia de prensa el informe “Envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de Avanzar hacia la Iguadad”. CEPAL indicó que ese informe constituye el eje central de los debates que se llevan a cabo en el encuentro en el país centroamericano, que fue inaugurado la víspera por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

El documento presentado en San José indica que en el 2070 la población de ancianos se habrá cuadriplicado en la región. Agrega que, a escala regional,  se estima que en 2036 por primera vez en la historia el número de ancianos superará al de niños. “El grupo de personas de 60 años y más pasó de apenas 5,6 % del total de la población regional en 1950 a 10 % en 2010, y se prevé que llegue a 21 % en 2040 y a 33 % en 2070″, señala el informe citado en el comunicado de la CEPAL.

El organismo regional insta a los gobiernos a romper con la clásica visión del envejecimiento como un problema para convertirlo en una oportunidad. También alerta que a escala de América Latina y el Caribe, el gasto público en seguridad y asistencia social ha registrado un aumento significativo en las últimas dos décadas. “Apenas 4 de cada 10 latinoamericanos de 65 años y más (40 %) recibía jubilaciones o pensiones en 2009, mientras que en países desarrollados esta cifra llegó a 75 % de la población”, indica el informe.

Ruth Rivera, Secretaria General de FIAPAM, con Fernando Morales, Presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor-CONAPAM.

La conferencia en Costa Rica responde a un acuerdo adoptado por el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo en 2010, para la realización de reuniones regionales sobre el envejecimiento en los países latinoamericanos y caribeños. El acuerdo surgió luego de que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante su resolución 2010/14, instó a gobiernos y comisiones regionales a que durante 2012 emprendan evaluaciónes de los diez años de la adopción del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, emanado de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002.

El objetivo de la conferencia, en la que FIAPAM estará representanda por su Secretaria General, Ruth Rivera, es examinar los logros en la aplicación de los compromisos internacionales contraídos por los países miembros de la CEPAL en la Declaración de Brasilia (2007), fruto de la  II Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, celebrada en la capital brasileña. Según CEPAL también servirá para identificar acciones clave sobre el envejecimiento poblacional en la región tendentes a su implementación durante los próximos cinco años, específicamente aquellas que permitan reforzar las políticas nacionales sobre ese sector poblacional.

Fuente: CEPAL